Porque los alquileres son tan elevados en Venezuela

La juventud venezolana se encuentra entre la espada y la pared en
materia habitacional. Dar el paso hacia la independencia y abandonar el
nido que representa la casa de los padres acaba por convertirse en una
colina inclinada muy difícil de superar gracias al estado del mercado
inmobiliario, con pocas opciones de alquiler, cánones de arrendamiento altos y condiciones que hacen casi imposible firmar el contrato, al menos para un 95% de la población venezolana.

Ana María Parra es una joven de 26 años que reside en Barquisimeto,
estado Lara. Desde hace más de un año busca el alquiler de un
apartamento «cómodo» que le permita vivir junto a un acompañante para
reducir costos, pero debido a las condiciones que establecen los
propietarios, se le hace imposible desembolsar más de $1.000 para firmar el contrato de arrendamiento pese a que pagar el canon mensual de $120 o $150 se encuentra dentro de sus posibilidades.

La situación que padece Parra es equiparable a la de muchos jóvenes
—y no tan jóvenes— que intentan hacerse con un lugar en el cual vivir
temporalmente ante la imposibilidad de adquirir una vivienda propia,
pues con salarios deprimidos y un crédito bancario inexistente, comprar
casa resulta idílico.

«Mi
mejor amigo y yo queríamos mudarnos a un apartamento. Estábamos
buscando algo de dos habitaciones, un apartamento o un anexo, pero en la
mayoría teníamos que pagar demasiado de depósito. Sacar esa cantidad,
con la situación del país, no es fácil. De paso, piden que seas persona
jurídica. Si eres estudiante ¿Cómo consigues alquiler?», se preguntó
Parra.

En el caso de Caracas, los alquileres de apartamentos o anexos parten
desde los $250. Al aplicarse los tres meses de depósito de garantía y
los seis meses de adelanto, son en total nueve meses de pago. Esto
significa que el inquilino debe desembolsar $2.250. Si la vivienda se
consiguió a través de un asesor o de una inmobiliaria, son $250
adicionales. Además, debe pagar unos $30 por el trámite administrativo
de la firma. En total, el monto puede llegar a $2.530 para garantizar un año de contrato.

Con
las estructuras salariales vigentes en el país, conseguir un alquiler
no es tarea fácil e implica meses de ahorros y austeridad absoluta para
reunir esas sumas. De acuerdo con la consultora financiera Anova, el salario mínimo promedio que pagaban las empresas del sector comercio en Caracas hasta noviembre de 2022 era de $126.

Si se toma en cuenta el promedio de Anova, se necesitarían 20 salarios para pagar los $2.530 que se exigirían para un alquiler económico en Caracas.
Al considerar el salario mínimo vigente en la ley equivalente
actualmente a $6,14 (Bs 126), se requerirían 412 meses de trabajo para
pagar un alquiler con los 10 meses de pago que se exigen.

Mauricio Martínez es un productor de 26 años que maneja su propia
empresa de servicios audiovisuales junto a su pareja. Durante 2022,
ambos se dedicaron a impulsar su emprendimiento, asegurando al menos
seis clientes distintos con la finalidad de ahorrar lo suficiente como
para conseguir un alquiler que les permita mudarse de la casa de sus
padres.

Se
encontraron con que tendrían que ahorrar unos $5.000 para vivir en un
lugar por menos de un año, por lo que desistieron y se enfocaron en una
meta de $18.000 para intentar comprar una propiedad. Paradójicamente, mientras
que los alquileres presentan una inflación importante, el mercado de
bienes raíces está deprimido y las viviendas bajaron mucho de precio, pese a que aún se encuentran fuera del alcance del ciudadano común.

«Trabajamos mucho para poder reunir nos, pero los
alquileres que encontramos estaban entre $400 y $500, por lo que
necesitábamos unos $5.000. Solo pensábamos en que, si ahorramos esa
cantidad, ese dinero se esfumaba porque tarde o temprano tendríamos que
salir de allí. Decidimos esperar y buscar opciones para comprar un
apartamento. El mínimo que hemos encontrado en Caracas es de $18.000»,
relató.

Propietarios se defienden

La cantidad de meses a pagar de manera adelantada para firmar un
contrato de arrendamiento en Venezuela es un caso único en el mundo,
pues lo usual es solicitar, a lo sumo, un par de meses de depósito y
otro de adelanto. Es una distorsión que surge gracias al andamiaje legal
elaborado por el chavismo durante más de 20 años de gestión.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta Martínez, explica que estas condiciones casi irracionales se aplican porque en el país impera la inseguridad jurídica para los propietarios, que se someten al riesgo de no poder reclamar sus propiedades pese a que sus inquilinos no cumplan con los acuerdos.

«Es un riesgo considerable poner en alquiler una
propiedad. A lo que aspira un propietario es a tener seguridad jurídica
para recuperar su inmueble cuando lo quiera para sí mismo o para un
familiar, especialmente si un inquilino incumple», señaló.

La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de
Vivienda, la Ley Contra El Desalojo y La Desocupación Arbitraria de
Vivienda, la Ley de Protección al Deudor Hipotecario y la Ley contra la
Estafa Inmobiliaria conforman un paquete de instrumentos aprobados por
la Asamblea Nacional (AN) de totalidad chavista y restringen los
derechos de los propietarios en un intento de proteger al inquilino,
estableciendo una relación injusta entre las partes que acaba por
perjudicar al mercado.

*Lea también: Gobierno despide 2022 con expropiaciones: INTI tomó tierras en Aragua

El sector inmobiliario exige una actualización del marco jurídico,
pues las leyes vigentes no solo les ofrecen una protección casi nula,
sino que además están desfasadas con la realidad económica actual.

La ley de arrendamiento prohíbe tácitamente las
transacciones en dólares y, además, impone un mecanismo de cálculo de
los cánones de arrendamiento que no se ajusta desde 2012.

«La ley establece una regulación desfasada. Los últimos precios por
metro cuadrado indicados por la norma son del año 2012. Si alguien
alquila en conformidad con la ley vigente, se generaría un canon de
arrendamiento insignificante por las reconversiones y la
hiperinflación», razonó.

Ante este panorama, el mercado se encuentra parcialmente inactivo. Cifras de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana sugieren que en el país hay unos 2 millones de inmuebles que no se integran al mercado de alquileres por la inseguridad jurídica a la que se someten los propietarios.

Debido
a la emigración masiva de venezolanos, cientos de propiedades quedaron
vacías y disponibles para integrarse al mercado, pero ante las pocas
garantías con las que cuentan los propietarios —especialmente desde el
exterior—, la tendencia se inclina por mantener sus apartamentos y casas
desocupadas en lugar de generar rentabilidad.

«A pesar del riesgo, por la necesidad de muchos
propietarios con los condominios como están y personas que están fuera
del país, corren el riesgo y aceptan alquilar la propiedad», acotó Orta.

Las exigencias de muchos propietarios los dejan incluso a ellos en
una posición complicada, ya que no consiguen alquilar sus propiedades
porque ningún posible inquilino se ajusta al perfil que buscan en un
intento por aminorar los riesgos que implica alquilar en Venezuela.

Alfredo Peña, asesor inmobiliario fundador de la empresa Invictus Inmobiliaria,
relató que tuvo una experiencia con un apartamento de tres habitaciones
y dos baños en Bello Monte con una mensualidad de $800 que estuvo en
oferta durante un año entero sin encontrar inquilino.

«El propietario lo tenía alquilado a unos bielorrusos. Eran los
inquilinos perfectos porque una institución era la que asumía los
gastos, pero se mudaron y me contrataron para conseguir clientes
similares. Fue imposible para mí. Conseguí clientes que tenían empresas y
podían realizar el contrato a nombre de una persona jurídica, pero el
propietario no quería eso», compartió con TalCual.

Para los asesores inmobiliarios, es una misión difícil cumplir con
ese rol de intermediación entre inquilinos y propietarios, no solo por
la dificultad que implica encontrar los perfiles solicitados por los
arrendadores, sino además por complicaciones adicionales como que el arrendatario pueda comprobar el origen de sus ingresos y la capacidad de pago.

«Redactar el perfil del cliente no es tan sencillo, porque no quieren
decir exactamente a qué se dedican. Demostrar unos ingresos que
realmente sean convincentes para el propietario es otra tarea ardua,
porque por lo general ganan en efectivo si son emprendedores o trabajan
para empresas en el exterior», resaltó.

Pero Peña aclara que cada caso y cada negociación es distinta. En ocasiones los propietarios niegan cualquier posibilidad de recibir mascotas, hijos o incluso alquilar a parejas,
pero en otros, sopesan el riesgo incrementando el precio del arriendo y
si el perfil del cliente incluye alguno de estos elementos, consideran
subir el riesgo. Claro está, hay casos en los cuales no se toman en
cuenta estas restricciones.

Lo que es evidente es que todas estas distorsiones se presentan por
la regulación excesiva que existe en el mercado inmobiliario, generando
temor en los propietarios que arriesgan sus activos a la hora de
alquilar.

Búsqueda imposible para inquilinos

En este contexto, la búsqueda de una oferta idónea es una misión
imposible. Basta con ingresar a cualquier portal web de ofertas
inmobiliarias para notar la realidad del mercado y los altos
precios vigentes especialmente en la capital del país.

La
página web Con La Llave cuenta con un motor de búsqueda de propiedades
publicadas en su sistema. Los usuarios pueden ajustar las
especificaciones que prefieran al momento de revisar las ofertas
colgadas. Al establecer como precio máximo $200, no figura ninguna
oferta en Caracas.

Al explorar las ofertas, una gran mayoría muestra las
exigencias de las cuales se quejan los ciudadanos que buscan alquileres
sin tener que pagar montos de cuatro dígitos.

Una de las publicaciones
colgadas en este portal muestra un apartamento de 69 metros cuadrados
en un edificio ubicado en El Rosal, municipio Chacao de Miranda. Su
precio es de $700 y exige seis meses de pago anticipado, tres de
depósito en garantía, un mes de honorarios profesionales y el pago del
contrato de arrendamiento. En total, la suma puede ascender a más de
$7.000 para alcanzar un acuerdo con el propietario.